Un tribunal de Lahore, Pakistán, absolvió a dos jóvenes cristianos, Adil Babar y Simon Nadeem, quienes habían sido acusados falsamente de blasfemia tras un incidente menor ocurrido en mayo de 2023. Ambos, de 18 y 14 años al momento del arresto, enfrentaron casi dos años de proceso judicial bajo las estrictas leyes de blasfemia del país.
La acusación surgió a raíz de una disputa trivial entre los jóvenes y un vecino, quien afirmó que los muchachos habían hecho comentarios irrespetuosos sobre el profeta Mahoma. Inicialmente, fueron imputados bajo las secciones 295-C y 298-A del Código Penal, delitos que conllevan la pena de muerte o cadena perpetua.
Sin embargo, tras la intervención de sus abogados, el tribunal determinó que los hechos no justificaban tales cargos y los reclasificó bajo la sección 295-A, que castiga los actos deliberados destinados a ofender sentimientos religiosos con hasta 10 años de prisión.
Durante el juicio, la defensa argumentó que la acusación carecía de fundamento y que la denuncia había sido motivada por un altercado menor, no por un acto real de blasfemia. El juez finalmente aceptó que no existían pruebas suficientes y que la ley exige la aprobación del gobierno federal o provincial para proceder con casos bajo la sección 295-A, lo que no se cumplió en este caso.
El arresto de los jóvenes provocó tensión religiosa en su barrio, obligando a sus familias a mudarse por temor a represalias. Los abogados y defensores de derechos humanos subrayaron la necesidad urgente de reformas procesales para proteger a las víctimas de acusaciones infundadas de blasfemia, ya que la mayoría termina siendo declarada inocente tras años de sufrimiento judicial y social.
El caso de Adil y Simon es un ejemplo de cómo las leyes de blasfemia en Pakistán pueden ser utilizadas como herramienta de persecución y venganza personal, afectando especialmente a las minorías religiosas. Organizaciones internacionales han documentado un aumento en el uso indebido de estas leyes, con cientos de nuevos casos registrados cada año y numerosas víctimas de violencia extrajudicial.
La familia de Adil relató que la acusación fue inventada tras una discusión trivial y que los jóvenes nunca pronunciaron palabras ofensivas. A pesar de la falta de pruebas, la policía los detuvo y procesó, reflejando la fragilidad de las garantías legales para los acusados de blasfemia en el país.
El tribunal, al dictar la absolución, enfatizó que no se había cumplido con los requisitos legales para iniciar el proceso y que la acusación no tenía sustento. Esta decisión fue recibida con alivio por las familias y la comunidad cristiana local, aunque persisten los temores por su seguridad y la posibilidad de nuevos incidentes.
Pakistán ocupa un lugar destacado entre los países más peligrosos para los cristianos, según organizaciones de derechos humanos. Las acusaciones de blasfemia suelen desencadenar violencia colectiva y desplazamientos forzados, incluso cuando los acusados finalmente son declarados inocentes.
